- El Grupo Socialista exige a Escobar que respalde la labor de los funcionarios de Patrimonio, reclame de nuevo la documentación y eleve el expediente al Gobierno de La Rioja
- Dos de las promotoras han contestado parcialmente el requerimiento efectuado y otras dos siguen sin contestar
El PSOE denuncia que dos de las cuatro promotoras siguen sin justificar la adjudicación de las 104 viviendas de protección oficial (VPO) en suelo público.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares, ha afirmado esta mañana en una rueda de prensa que “dos de las cuatro empresas promotoras siguen contestar el requerimiento ni aportar la documentación solicitada para acreditar que los procedimientos de selección de compradores se ajustaron a la legalidad”.
Las otras dos sí han contestado al menos el requerimiento realizado por los técnicos municipales, aunque del mismo “no se despejan todas las dudas ni se permite dar por acreditado el cumplimiento de la legalidad en el conjunto”, ha afirmado Reinares.
El portavoz ha recordado que los técnicos municipales vienen reclamando esa información “desde el pasado 12 de febrero” con el fin de “comprobar los criterios de transparencia, publicidad y concurrencia empleados en la adjudicación de estas viviendas públicas”. El último requerimiento se produjo el 30 de abril de 2026.
El PSOE considera “especialmente preocupante” que el Gobierno de Escobar “no haya defendido públicamente la labor de los funcionarios municipales ni haya exigido a las empresas que atiendan los requerimientos”, ha lamentado Iván Reinares.
Y es que “el Ayuntamiento tiene la obligación de hacer cumplir sus propios requerimientos y defender el interés general, no de permanecer en silencio mientras las promotoras ignoran las solicitudes de información”, ha enfatizado el concejal.
El portavoz socialista ha criticado la postura de la concejala de Vivienda en el pasado pleno del mes de septiembre cuando aseguró “que todo estaba en orden utilizando el documento de la Calificación Provisional”, aunque ese documento “no acredita cómo se seleccionó a los compradores ni despeja las dudas sobre el procedimiento”.
De esta forma, Reinares ha insistido en que la cuestión “sigue siendo la transparencia del procedimiento” y ha recordado las preguntas que todavía necesitan respuesta: “cuándo se abrieron y cerraron las listas de inscripción, por qué se ocultó el proceso al Registro de Demandantes del IRVI, quién supervisó el orden de llegada en las oficinas privadas o por qué se eliminó del pliego la garantía de un sorteo público notarial”.
Ante esta situación, el PSOE exige a Escobar que respalde la labor realizada por los funcionarios de Patrimonio en defensa de la legalidad, que reclame de nuevo la documentación a las promotoras para que justifiquen adecuadamente documentalmente los criterios de transparencia, publicidad y concurrencia utilizados en la selección de los compradores.
Si las empresas siguen sin responder, el Gobierno de Escobar deberá trasladar el expediente al Gobierno de La Rioja.