- El Grupo Municipal Socialista ve alarmante que la patronal de la construcción admita que el criterio para adjudicar las viviendas sea la solvencia económica
- Alonso vuelve a denunciar que no hay transparencia y que se discrimina a los solicitantes
El PSOE denuncia que el Gobierno de Conrado Escobar ha permitido que las viviendas de protección oficial (VPO) se adjudiquen “al mejor postor y no a quién más necesidades tiene” excluyendo de esta forma “a quienes deberían ser sus principales destinatarios, las familias y personas con menos recursos”, ha aseverado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso.
Alonso, en una rueda de prensa celebrada este viernes, ha aludido a las declaraciones realizadas ayer por el secretario general de la Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) quien reconoció que “las promotoras privadas están seleccionando a los adjudicatarios en función de su capacidad económica. Es decir, son ellas quienes determinan quién tiene solvencia suficiente para acceder a una vivienda y quién queda excluido”.
De esta forma, el portavoz del PSOE ha exigido a Conrado Escobar “que explique de manera inmediata y pública si comparte que las viviendas de protección oficial construidas en suelo público se adjudiquen en función de la solvencia económica de los solicitantes y sin control alguno”.
Alonso ha lamentado que “el modelo por el que está apostando el alcalde prioriza el mejor postor y no a quién más demanda una vivienda”, todo ello “sin transparencia ni publicidad”.
El concejal ha asegurado que “permitir que la adjudicación de vivienda protegida en suelo público quede al arbitrio del criterio de solvencia contradice el espíritu de la legislación estatal y autonómica de la Ley de Vivienda”.
De esta forma, el PSOE exige al Gobierno de La Rioja que garantice el cumplimiento de la Ley y reclama al alcalde de Logroño que comparezca públicamente para aclarar si avala un sistema que discrimina en el acceso a un derecho básico.
Por último, Luis Alonso ha considerado que “la vivienda protegida no puede convertirse en un producto reservado para quienes tienen mayor capacidad económica”.