El Portavoz del Grupo Municipal Socialista recuerda, además, que la mala gestión del PP supone que las arcas municipales tienen que abonar los intereses, que ascienden a más de 500.000 euros
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, ha lamentado “la desidia con la que el Equipo de Gobierno del PP ha actuado en estos dos años de legislatura con respecto a los proyectos financiados con fondos europeos”. Alonso ha recordado que la hoja de servicios de Conrado Escobar “consiste en la eliminación del carril bici de Avenida de Portugal o en retrasar durante meses la reforma de la calle Sagasta para terminar apostando por un proyecto peor y sin respaldo del Ministerio”.
A esta mala gestión “debemos sumar las renuncias al carril ciclopeatonal en la A13 y al carril eje Este-Oeste en algunos de sus tramos, y las modificaciones de parte del proyecto ya ejecutado, la reforma de la calle San Antón y el proyecto de modernización tecnológico de nuestro comercio local”.
Todas estas actuaciones y esta “negligente política del PP supone que el Ayuntamiento va a tener que devolver más de 6,5 millones de euros”. Y, lo que es peor, “vamos a privar a nuestra ciudad de inversiones que hubieran supuesto la mejora y modernización de nuestras calles, nuestro comercio y un impulso a una movilidad sostenible”. Son inversiones “que hubieran generado empleo”.
Luis Alonso ha explicado que las arcas municipales “tendrán también que asumir el pago de intereses de demora por no ejecutar y renunciar a todos estos proyectos”. En ese sentido, la semana pasada “conocíamos el requerimiento del Gobierno de España para que el Ayuntamiento devuelva más de 190.000 euros por los interese de demora de tres proyectos; el eje ciclista Este-Oeste, la calle Sagasta y el voladizo sobre la A-13”.
Y próximamente el Ayuntamiento “va a tener que devolver más de 350.000 euros de otros dos proyectos, como son la modernización tecnológica del comercio y la calle San Antón”. Alonso ha asegurado que la “nefasta y negligente gestión del PP se traduce en que Logroño tendrá que hacer frente a más de 500.000 euros